1932, 
La Ley sobre la Incautación de las Propiedades de la Iglesia del año 1932, tenía su origen en el texto de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, dictada en ejeución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República, "por la cual las propiedades de la Iglesia pasaban al poder del Estado".
En consecuencia, los sanatorios, hospitales y demás centros de la Orden, de San Juan de Dios no podían estar regidos por los religiosos Hospitalarios, y tenían que transferirlos al Estado y sustituir al personal que estaba al cuidado de las personas enfermas asistidas en aquellas instituciones.
En junio del mismo año, el Papa Pio XI publicó la encíclica Directissima Novis , " sobre la injusta situación creada en España a la Iglesia Católica, a causa de las decisiones tomadas por los Gobiernos de la República"
