A pesar de que una juez ordenara el pasado viernes la readmisión del niño en la escuela, a Cristian se le sigue negando el acceso.
(Foto: Miguel Angel Montesinos)
Cristian es un niño con autismo con apenas cinco años de edad. Su escolarización no es obligatoria, pero lleva siete semanas en su casa sin poder acceder al colegio en el que estaba asistiendo desde que cumplió tres años, y sin haberle permitido, ni siquiera, despedirse de sus compañeros.
El pasado 12 de marzo el Centro decidió que el menor dejase de acudir a sus aulas, y que se trasladase a una escuela de educación especial situada a casi 30 kilómetros de su domicilio familiar. Sus padres se negaron y acudieron a los tribunales. El pasado viernes una juez ordenó la readmisión del niño de manera cautelar.
A Cristian le diagnosticaron, con apenas veinte meses de vida, Trastorno del Espectro Autista (TEA), pero para el colegio no supuso ninguna sorpresa cuando lo aceptaron, escolarizándole junto a su hermana de siete años de edad.
EL CENTRO LE NIEGA LA ENTRADA.
El niño, acompañado de sus padres, intentó en el día de ayer acudir al Colegio Público Reyes Católicos, de Silla, en la provincia de Valencia, pero nuevamente se lo impidieron.
"Quiere entrar en el colegio porque ve el patio. Ve la fuente donde bebe agua cada mañana a las nueve y quiere seguir la rutina que creó hace años. No entiende porque no puede acceder a la que ha sido su escuela sin haber hecho nada malo. Ningún niño, neurotípico o no, lo entendería", explica Cristina, su madre, mientras ayuda a Toni, su marido, a contener las ansias del pequeño en volver a jugar en el patio con sus amigos.
Y es que, dos años después de su entrada en el colegio, la educación de Cristian ha terminado por ser un ejemplo más del problema a que se enfrentan los centros valencianos, por la carencia de profesionales de apoyo con alumnos con diversidad funcional.
Los padres de Cristian pidieron apoyo, y la Consellería de Educación decidió derivar al niño a un Centro de educación especial en el municipio de Sueca, distante a casi 30 kilómetros del domicilio familiar. Sus progenitores se negaron y dijeron que, en este caso, preferían mantener a su hijo en un colegio ordinario.
Sandra Casas, la abogada especialista en Justicia Social, que lleva el caso de Cristian, refiere que todo empezó en septiembre de 2017, cuando la dirección del colegio determinó que no había suficientes apoyos para atender las necesidades de Cristian, y pidió a la Consellería de Educación un informe psicopedagógico del menor. "Es el pez que se muerde la cola. Si no hay profesionales de apoyo suficientes, al niño lo derivan a un centro especial. Pero estos deberían estar creados como filtros para destinarlos a centros ordinarios con apoyos. Lo están haciendo al revés, y el sistema no funciona. Está siendo todo en contra de su voluntad", lamenta Sandra Casas.
Con el auto judicial en la mano, los padres regresaron ayer al colegio con Cristian, pero tampoco lo dejaron entrar. La dirección del Centro, a preguntas del diario Levante-EMV, aseguró no tener en su poder aquel auto, y que desconfiaban del que exhibían los padres del niño, que acabaron por requerir la presencia de la Policía Municipal. El agente que acudió, intercedió, dejando una copia del documento judicial en el colegio. "Lo que sucedió ayer, fue una vulneración del derecho del menor", dijo Sandra Casas.
Mientras todo esto ocurría, Cristian, ajeno a papeleos y decisiones burocráticas, seguía esperando poder entrar en su colegio, jugando en uno de los columpios del parque público desde el que miraba con nostalgia el que había sido su patio escolar.
PROCEDENCIA
Levante. El Mercantil Valenciano. Viernes, 27 de abril de 2018.
