lunes, 23 de julio de 2018

LA FISCALÍA INVESTIGA EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO GALLEGO DE CONXO DESPUÉS DE DETECTAR EL DEFENSOR DEL PUEBLO GRAVES IRREGULARIDADES.

Entrada al Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago.
 (Foto: Oscar Corral).

En el Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela, hay enfermos que llevan ingresados medio siglo. Son un reducto de la antigua psiquiatría que enclaustraba, de por vida, en manicomios a quienes perdían la cordura , y que España se propuso erradicar hace treinta años.

Una inspección de oficio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, ha detectado en este hospital psiquiátrico que gestiona la Xunta, excesos en los tratamientos, irregularidades en los ingresos y falta de vigilancia y seguimiento de las personas internas, cerca de la mitad despojados de cualquier esperanza de rehabilitación. En consecuencia, la fiscalía de A Coruña ha abierto una investigación tras la denuncia de la asociación El Defensor del Paciente.

"Conxo es un sumidero de los derechos humanos", advierte Miguel Anxo García, portavoz del Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental, integrado por una veintena de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones científicas. García, psicólogo clínico del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, al que está unido el psiquiátrico, explica que "en el hospital conviven más de un centenar de personas asiladas, que están allí como residentes, con pacientes en proceso de rehabilitación (42 plazas) y afectados por alteraciones psiquiátricas intensas" ingresados en la unidad de cuidados especiales (42 plazas)". " La reforma psiquiátrica en Conxo, fue eternamente pospuesta y en parte no llegó. Nunca se hicieron las inversiones necesarias", explica García.

Dos técnicos del Defensor del  Pueblo, dos técnicas externas y una asesora del Valedor do Pobo de Galicia, se presentaron por sorpresa en el Hospital Psiquiátrico de Conxo el pasado 29 de noviembre. Durante dos días se entrevistaron con miembros de la dirección, del equipo médico y del resto de la plantilla. Bucearon en los archivos para examinar los expedientes personales e historias clínicas, y celebraron encuentros reservados con algunos de sus 221 pacientes.

De aquella visita los inspectores concluyeron que aquel establecimiento, abierto en el año 1885 por la Iglesia, con dos sacerdotes como primeros pacientes, y que llegó a ser el más grande de Galicia, al acoger a mil quinientos enfermos, se aleja de la " concepción actual de las unidades psiquiátricas", y sigue siendo más " un  centro residencial de salud mental de larga estancia". Tan larga que, en el caso de algunos internos, se mueven entre los treinta y los cincuenta años allí asilados. Son los olvidados de la reforma psiquiátrica que emprendió España con la Ley General de Sanidad de 1986, pacientes aislados de este mundo, con un cuerpo desgastado por décadas de intensa medicación y con una capacidad jurídica reducida a la un niño. Enfermos a los que, según registra el Defensor del Pueblo, el hospital no practica seguimiento y que han tenido y tienen un " menor o mínimo acceso a actividades encaminadas al incremento de su autonomía e independencia".

"Un dispositivo así es ilegal, no debería existir, porque permite la violación sistemática de derechos de personas discapacitadas con una vulnerabilidad extrema", lamenta Xosé Ramón Girón, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes). Pese a que los inspectores del Defensor del Pueblo concluyen que el personal trata a los enfermos con " respeto, cariño y cercanía", el centro adolece de una "insuficiencia general de recursos adecuados para su atención extrahospitalaria y sociosanitaria", con instalaciones " obsoletas y habitaciones  de aspecto impersonal", en las que los enfermos ni siquiera se rodean de sus enseres y pertenencias.

El Servicio Gallego de Salud (Sergas), replica diciendo que sí que existen recursos extrahospitalarios y de rehabilitación, y que se han efectuado reformas en el recinto. "Las personas en unidades de larga estancia tienen una amplia oferta de actividades, aunque en ocasiones sus limitaciones físicas y/o psíquicas no les permiten participar en algunas".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un órgano independiente que inspecciona recintos donde haya personas privadas de libertad, con la finalidad de prevenir "la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". En los últimos años ha visitado diversas unidades de salud mental en toda España, pero en ninguna, según la información difundida, se han constatado las graves irregularidades de Conxo. Asegura que en el hospital compostelano no existe un control oficial que registre los historiales legales y administrativos de los pacientes, algo que la Administración sanitaria niega, ni siquiera un procedimiento para realizarles un seguimiento.

Ningún médico firma en Conxo los ingresos voluntarios, por lo que no se comprueba " la suficiente capacidad del paciente para emitir un consentimiento válido", una carencia que la Xunta promete subsanar. Y se han detectado "casos de sobremedicación de psicofármacos en las unidades destinadas a personas con más difícil manejo" El Sergas responde que es " responsabilidad" de los médicos ajustar las dosis y admite el uso de neurolépticos para sedar a pacientes con graves alteraciones de conducta, pero sólo en casos extremos y por breve tiempo.

Ni los pabellones donde residen los internos ni las habitaciones que se  realizan "contenciones mecánicas" cuentan con cámaras que registren lo que allí ocurre. Algunos pacientes han denunciado haber sido sometidos a " medidas de contención" como castigo, una práctica prohibida, inciden los inspectores. Para las "contenciones" los enfermos son encerrados en estancias inadecuadas, por lo que el Defensor del Pueblo recomienda a los responsables del Hospital Psiquiátrico de Conxo que instalen en las salas " al menos una cama anclada en el medio", un " interfono para la comunicación con enfermería" y un sistema para que se pueda controlar desde el exterior lo que ocurre dentro. El Sergas se compromete a instalar videovigilancia y mejorar las habitaciones de "contención", pero niega rotundamente que se inmovilice a los enfermos para castigarlos, una acusación que atribuye a que " algún paciente pueda vivenciarlo".

La inspección ha constatado importantes carencias de personal que la Xunta también niega. En el hospital trabaja una única psicóloga clínica y un solo médico internista, y las trabajadoras sociales soportan una carga de trabajo "alta" porque, señala el informe del Defensor del Pueblo, se ven obligadas a suplir las funciones de los tutores de los numerosos enfermos incapacitados.

El Movimiento Gallego de Defensa de la Salud Mental sostiene que debería aumentarse la plantilla con tres psiquiatras, siete psicólogos clínicos, veintitrés enfermeros, cuatro terapeutas ocupacionales y dos trabajadores saociales. Su portavoz rememora uno de los temas de la reforma psiquiátrica, que abogaba por cerrar la puerta delantera de los manicomios  y abrir la trasera para liberar a los enfermos, al resumir cómo debería saldar la Administración las cuentas pendientes con Conxo: "Hay que cerrar su puerta delantera y dotarlo de recursos para rehabilitar  a las personas que están allí y que puedan salir".

PROCEDENCIA

"EL PAÍS". Lunes, 23 de julio de 2008. 

domingo, 22 de julio de 2018

UNA NIÑA CON SÍNDROME DE RETT, EXPULSADA DE UNA PISCINA POR USAR UN "CHURRO" , ( FLOTADOR).

Sofía, la niña expulsada de la piscina leonesa de Valencia de Don Juan, por utilizar  un "churro", (flotador)



Sofía es una niña de Ávila afectada de Síndrome de Rett, una discapacidad neurológica que afecta especialmente a las niñas, y que suele confundirse con el autismo.

La niña disfrutaba de sus vacaciones en la piscina de Valencia de  Don Juan (León) cuando fue expulsada porque utilizaba un flotador, más conocidos como "churros", por su forma.

El reponsable de la piscina entendió que podía molestar a los otros bañistas, y así se lo hicieron saber a su madre, Marta Vega, que ha presentado una queja formal al Ayuntamiento de aquel municipio. " Nunca habíamos tenido ningún problema. No estamos hablando de un objeto peligroso, sino de un flotador", explicó la madre a "El Comercio". 

El responsable de las instalaciones le comentó a la madre que " a 200 metros tenían un río para bañarse, donde podían utilizar el flotador". Tengo las conversaciones grabadas. Me dijo que no tenían hojas de reclamaciones, sino un libro, donde podía escribir la queja, y así lo hice, explica la madre, al tiempo que agradece el trato del personal de recepción de la piscina. 

"De acuerdo que es mi hija, pero no protesto sólo por ella. ¿no estamos luchando por la inclusión de todos los niños con discapacidad?, pues de eso va esto ", remarca la madre de Sofía. 

El Teniente Alcalde del Ayuntamiento, José Jiménez, se disculpó por la actuación del encargado de la piscina, y ha prometido que no volverá a repetirse. Jiménez recordó que hay normas  que cumplir, pero que las estudiarán para cambiarlas y adaptarlas a las necesidades de los usuarios.

Las piscinas de Valencia de Don Juan disponen de sillas elevadoras para que las personas con problemas de movilidad puedan bañarse. El monitor implicado en los hechos denunciados lleva más de quince años trabajando  en aquellas instalaciones y nunca se habían producido problemas, hasta ahora. Desde el Ayuntamiento han trasladado sus disculpas a la madre de Sofía, pero recordaron que no pueden utilizarse estos utensilios de agua en las instalaciones , y deberá utilizar un flotador homologado, " como cualquier otro usuario", al tiempo que ha solicitado un poco de comprensión para el personal de las piscinas municipales, que por la alta afluencia de usuarios, " tal vez pueda haber dado una contestación no adecuada". 

PROCEDENCIA

cronicaglobal.elespañol.com.  Domingo, 22 de julio de 2018. 

miércoles, 11 de julio de 2018

EL SERGAS PAGARÁ 150.000 EUROS A UN MENOR DE EDAD, DE ORENSE (GALICIA), POR CONFUNDIR SU AUTISMO CON SORDERA, Y OPERARLO.



El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Orense, ha estimado, en parte, el recurso presentado por una familia gallega en nombre de su hijo, menor de edad, contra la desestimación de su reclamación de una indeminización de 554.780 euros al SERGAS (1) y a su aseguradora ZURICH, por los daños derivados de un diagnóstico  erróneo, atendido que al niño se le intervino por una sordera cuando lo que padecía era autismo.

Tendrán que pagar 150.000 euros al menor, que tras su diagnóstico de sordera, siendo un bebé, se le vació el oído y se le implantó un aparato coclear en sendas intervenciones -- en los años 2004 y 2005, cuando el niño tenía apenas dos años -- y que rechazó de manera reiterada.

Posteriormente, en 2006, una profesora del menor en Mariñamansa, especialista en audición, intuyó que el menor oía. Entonces el SERGAS lo remitió a un centro de Barcelona, donde se le diagnosticó que era autista.

El contencioso destaca en la sentencia que " resulta indubitativo que el menor padece el síndrome del espectro autista", una patología que " no se adquiere con la edad, sino que es congénita, aunque sus síntomas más  evidentes pueden tardar en manifestarse" añade la sentencia. Por otra parte, considera también  probado que " el niño no padece sordera incurable que le fue diagnosticada en 2004 bajo la cobertura del Sergas". En base a todo ello concluye que " el servicio sanitario falló en su diagnóstico, y ese fallo, con el consiguiente daño producido, se podría haber evitado" por lo que deberá pagar 150.000 euros.

El niño todavía tiene pendiente otra intervención para retirarle algunos elementos del implante coclear que permanece en el interior de su cráneo. "Sufre riesgo de infección, trastornos psicológicos agravados por dicha experiencia, secuelas permanentes, daños morales..." señala la sentencia, que añade, además, que esta máquina " no está diseñada para niños con audición en el otro oído", como en el caso del niño afectado.

(1) El SERGAS (Servizo Galego de Saúde), es el organismo encargado de la asistencia sanitaria pública en Galicia, creado por la ley 1/1989 al transferirse las competencias  en materia sanitaria a la Xunta de Galicia, en el año 1989.

PROCEDENCIA

"La Región". Ourense, miércoles, 11 de julio de 2018,

jueves, 5 de julio de 2018

LAS DOS CO-FUNDADORAS DE LA CONGREGACIÓN DE HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, RECORDADAS EN EL CALLEJERO DE SU CIUDAD NATAL DE GRANADA.

  

 Granada recuerda, en su callejero, las figuras de dos de sus hijas más relevantes de la ciudad, como son las co-fundadoras de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, María Josefa Recio Martín y María Angustias Giménez Vera.



MARÍA JOSEFA RECIO MARTÍN.

Nació en la ciudad de Granada el 19 de marzo de 1846. La educación familiar y su historia de solidaridad cristiana, la transformaron en modelo de joven y de esposa, contrayendo matrimonio y quedando viuda a la edad de 33 años.

A partir del año 1871 vivió una profunda amistad humana y espiritual con María Angustias Giménez Vera. Con ella salió de Granada con destino a Ciempozuelos, llegando a aquel municipio madrileño el 21 de junio de 1880, para la realización, bajo las indicaciones del Padre Benito Menni, de la fundación de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, el día 31 de mayo de 1881.

Fue la primera Superiora General de la Congregación, y falleció, el 30 de octubre de 1883, víctima de su heroica caridad, a consecuencia de los fuertes golpes recibidos de una mujer con enfermedad mental que asistían.

Su causa de canonización fue introducida el 21 de junio de 1991, y el 8 de febrero de 2011, el Congreso de Teólogos, reunidos en Roma, examinaron y votaron favorablemente la heriocidad de sus virtudes. El Papa Benedicto XVI la declaró  Venerable el día 10 de mayo de 2012.



MARÍA ANGUSTIAS GIMÉNEZ VERA.





Nació en Granada el 21 de agosto de 1849, siendo bautizada en la Parroquia de los Santos Justo y Pastor de la misma ciudad.

En 1871 conoció a María Josefa Recio Martín, entablándose entre ellas una profunda amistad.

El día 21 de junio de 1880 salieron las dos de Granada con dirección a Ciempozuelos (Madrid), siendo recibidas a su llegada por el Padre Benito Menni, que las aposentó en una humilde casa.

El 31 de mayo de 1881 tomó el hábito con el nombre de Sor Corazón de Jesús, y aquel mismo día inició el noviciado con otras jóvenes que serían las primeras Hermanas Hospitalarias de la Congregación.

En 1885 hizo su Profesión Perpétua, falleciendo en la Casa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el día 2 de agosto de 1897. Sus restos permanecieron en un nicho familiar hasta que, casualmente, fueron localizados en el año 1983. Actualmente reposan en una capilla de la Casa Madre de Ciempozuelos junto con San Benito Menni y María Josefa Recio Martín.